Libertad de expresión / 言论自由

Sumario

El artículo 35 de la Constitución china establece que «los ciudadanos de la República Popular China disfrutan de libertad de expresión, de prensa, de reunión, de asociación, y libertad para hacer desfiles y manifestaciones.»[1] En su aspecto formal, esto parece corresponderse con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) cuando establece que «todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.»[2] En la práctica, sin embargo, el Partido Comunista de China fija restricciones significativas al ejercicio de la libertad de expresión (a la cual se le atribuye un potencial desestabilizador para con el régimen), negando así en su esencia la segunda parte de la cláusula de la DUDH sobre libertad de expresión: «este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.» El PCCh ha desarrollado un vasto aparato humano y tecnológico a fin de asegurar la supervisión y el control de la información por cualquier canal, tanto online como offline, lo cual supone interferir constantemente y aún en tiempo real en el derecho de los ciudadanos chinos a disfrutar de libertad de expresión, incluso fuera de las fronteras de China.

Análisis

Desde los años ’80, la historia de los medios de comunicación y de la libertad de expresión en China ha consistido esencialmente en los esfuerzos constantes de la dirigencia del PCCh en conciliar el imperativo de un régimen estable con las prioridades de reforma y desarrollo. Dicho desarrollo ha dado nacimiento a una sociedad más diversa y compleja que a menudo ha buscado medios para hacer valer sus derechos e intereses por encima y en contra de aquellos del partido.

El afianzamiento de las políticas de reforma y apertura en la China posterior a 1978 se vio acompañado de una reevaluación del extremo control de prensa que había imperado en los años de la Revolución Cultural (1966-1976), durante la cual todo el contenido de la prensa estaba dominado por Mao Zedong. El concepto de «reforma de la información» (新闻改革) fue utilizado con mayor asiduidad a principios de los años ’80, y medida que las reformas se iban consolidando, existía la fuerte convicción de que los controles estrictos sobre prensa e ideología habían contribuido decisivamente a la creación de los dolorosos extremismos políticos de las tres décadas anteriores.[3] Este espíritu de reforma impulsó la inclusión en la Constitución china de 1982 [4] del concepto de «libertad de expresión». Si bien el PCCh continuó controlando la prensa durante los años ’80 y el periodismo y la edición estaban integrados al partido-Estado, hubo intentos de reformular su rol.

La trayectoria de reforma se vio dramáticamente interrumpida por los eventos de 1989. La represión del movimiento democrático el 4 de junio trajo consigo el establecimiento de un nuevo régimen de controles del discurso público bajo Jian Zemin, según la política de «formación de la opinión pública» (舆论导向). Estos cambios reflejaban esencialmente la renovada convicción de la clase dirigente de que para asegurar la estabilidad del régimen y evitar un colapso al estilo soviético era necesario «guiar» las ideas y opiniones del público mediante un robusto control del PCCh sobre todos los canales de expresión. A lo largo de los años ’90 y de la primera década de este siglo, China experimentó un desarrollo mediático sin precedentes, enmarcado en un desarrollo económico cada vez más acelerado y aprovechando los nuevos canales de expresión puestos a su disposición por el auge de Internet, el cual produjo a su vez un notable aumento de actividad profesional en los medios chinos e incluso la aparición del periodismo de investigación.[5] A pesar de ello, la directiva de «formación de opinión pública» se mantenía firmemente en vigor, y tanto periodistas como medios se veían sometidos constantemente a medidas disciplinarias. Paralelo a lo anterior, a partir de los años ’90 China comenzó a desarrollar un vasto sistema de controles técnicos y legislativos sobre Internet, conocido colectivamente como el «gran cortafuegos», bloqueando el acceso al mundo exterior y censurando contenidos a nivel doméstico.[6]

En la era de Xi Jinping se han intensificado los controles sobre la prensa e Internet, siguiendo el deseo del PCCh de reafirmar su hegemonía sobre todos los canales de comunicación, incluyendo Internet y la nueva generación de redes sociales. Esto se debe en gran parte al auge de un tipo de prensa más independiente y de la participación y crítica online a lo largo de los años 2000.

En febrero de 2016, Xi Jinping reafirmó la supremacía del PCCh sobre los medios en un discurso en el que reiteraba que los medios debían llevar el «nombre del partido» (姓党), intimándolos esencialmente a declarar su lealtad al régimen.[7] Bajo la poderosa Administración del Ciberespacio de China, formada directamente bajo la dirección central del PCCh en 2014, se han intensificado los controles sobre Internet y las redes sociales, extendiéndose asimismo a todos los usuarios la directiva de «formación de opinión pública», si bien codificada en un marco legal.[8] A nivel interno, China responde a las críticas por sus políticas de control sobre los medios insistiendo que las mismas son necesarias para mantener la estabilidad, un requisito previo del desarrollo. Los funcionarios a menudo señalan que «la libertad de expresión no significa libre expresión», dando a entender que el discurso debe verse restringido en pro del interés general.[9]