Buena gobernanza / 良政善治

Sumario

La expresión «buena gobernanza» (善治) aparece mencionada por primera vez en un documento partidario de alto nivel en 2014.[1] En el presente se encuentra establecida con firmeza en la jerga política. En el discurso del partido-Estado, buena gobernanza consiste en proveer eficazmente servicios públicos, en combatir la corrupción y los abusos de poder dentro del PCCh y en establecer gobernanza basada en el derecho, codificando políticas y medidas en forma de leyes y regulaciones. Las metas principales consisten en incrementar la prosperidad y en salvaguardar derechos colectivos (principalmente el orden público y la seguridad), y no en la participación política institucionalizada de ciudadanos y actores no gubernamentales independientes. Frecuentemente se caracteriza como «buena gobernanza» tanto el creciente control por medios digitales como las leyes y regulaciones que restringen severamente libertades individuales. Esta concepción difiere claramente de las definiciones más amplias de «buena gobernanza» establecidas por la ONU y la UE, las cuales incluyen factores como eficiencia, responsabilidad, transparencia, inclusividad, estado de derecho, participación cívica y protección de minorías sociales.[2] La ONU y la UE contemplan explícitamente la cooperación estrecha con actores no gubernamentales y ponen especial énfasis en la protección de derechos humanos, incluyendo los derechos civiles y políticos.

Análisis

La expresión «buena gobernanza» comenzó a figurar en el discurso oficial chino a principios de los años 2000, en sintonía con los debates mundiales alrededor de este tema. Si bien en el contexto de la ONU dicho concepto se ha ido expandiendo hasta incluir la protección de derechos civiles y la participación pública y de actores no gubernamentales en todos los asuntos públicos, académicos y funcionarios chinos afiliados al partido han criticado este acercamiento como demasiado amplio y abogado por mantener la definición original de la expresión según las ciencias administrativas.[3]

«Buena gobernanza» no consistiría en otorgar derechos institucionalizados a los ciudadanos o permitir la participación de actores no gubernamentales, sino en priorizar la gobernanza eficiente conteniendo la corrupción y los abusos de poder y reforzando el marco legal y regulatorio. El foco de atención se centra así en los beneficios materiales para los ciudadanos individuales y en la percepción de progreso y de beneficio individual ( 获 得 感 ) garantizados por el Estado.[4]

Se ha promocionado el sistema de gobierno chino (especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19) como una alternativa viable y, en último término, superior, para proteger y suministrar bienes públicos como seguridad y salud, alternativa libre de las restricciones que surgirían al priorizar los derechos e intereses individuales. Este hincapié en la legitimidad de los logros obtenidos se refleja también en la terminología (良政善治). Utilizada con mucha frecuencia, la palabra shanzi (善治) podría ser traducida más correctamente como gobernanza «benévola», término derivado de la filosofía política tradicional y que la dirigencia política presenta como una continuación de las escuelas de pensamiento chino.[5] La palabra lianzheng (廉政), usada con frecuencia como sinónimo o junto a shanzhi, indica específicamente gobernanza «limpia» o no corrupta.

Esta interpretación estricta se alinea con el discurso político-ideológico del PCCh que enfatiza la autoridad absoluta del partido, codificada aún más en la Constitución china de 2018. El objetivo principal es asegurar que el PCCh cumpla su rol de gobernar bien el país. Se considera como parámetros de referencia de una gobernanza exitosa el orden público, la estabilidad social (entendida como la ausencia de protestas) y la garantía de crecimiento económico. El fuerte énfasis puesto en bienes comunes superiores tales que el orden público y la seguridad hace que incluso las leyes que restringen de modo severo libertades civiles sean vistas como importantes pilares de una buena gobernanza.

Como ejemplos de lo anterior pueden citarse la promulgación de la Ley Nacional de Seguridad de Hong Kong y las medidas coercitivas de reeducación aplicadas en Xinjiang, ambos hechos celebrados como grandes pasos en pro de una buena gobernanza, a pesar de encontrarse en conflicto con normas internacionales de derechos humanos.[6]

El concepto de buena gobernanza también está estrechamente ligado a nuevas iniciativas que expanden del uso de tecnologías digitales. Xi Jinping ha estado promocionando el nuevo concepto de «gobernanza inteligente» de monitoreo, es decir, una estricta supervisión y gobernanza disciplinaria por medios digitales, llevadas a cabo tanto por el PCCh e instituciones públicas como por compañías y ciudadanos.[7] Este afán por modernizar la gobernanza prioriza el control tecnocrático basado en datos bajo la guía y supervisión centralizadas del PCCh, en lugar de compartir las responsabilidades de control con actores no gubernamentales o con los medios. Este modelo es presentado como superior y más eficiente que el modelo occidental de gobernanza, centrado en el estado de derecho y en la supervisión del poder del Estado mediante la separación de poderes y la libertad de prensa.[8]