Sociedad civil / 公民社会

Sumario

El artículo 35 de la Constitución china asegura a los ciudadanos chinos el derecho de libertad de reunión y de asociación. El lenguaje utilizado es llamativamente similar al del artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), que define las condiciones para el desarrollo de una sociedad civil compuesta de organizaciones no gubernamentales, definidas por la UE como «todas las formas de acción social llevadas a cabo por individuos o grupos que no proceden del Estado y no están dirigidos por él».[1] Semejante independencia no se puede hallar en China, ya que contravendría la premisa política general de que el PCCh es quien guía en todos los aspectos codificados en el artículo 1 de la Constitución china. Este principio se encuentra reflejado tanto en el vocabulario como en los tipos de actores. Los líderes chinos nunca han adoptado la expresión «sociedad civil» en sus comunicaciones políticas nacionales. A pesar de la proliferación de ONG y fundaciones privadas desde los años ’80, las organizaciones organizadas por el partido y el gobierno (ONGOG) siguen teniendo un rol preponderante. Las políticas se han concentrado en regular este creciente sector y en asegurar que todas las organizaciones sociales (社会组织) se encuentren supervisadas y ligadas a órganos estatales y partidarios. Se espera de ellas que establezcan una relación cooperativa con el gobierno y que sirvan a la agenda de políticas del Estado, y no que sean actores independientes.

Análisis

Xi Jinping ha señalado que las organizaciones sociales deben participar en todos los aspectos de los asuntos sociales como parte de una nueva e innovadora forma de abordar la gobernanza social[2]. Así y todo, difícilmente se podría escuchar hablar a Xi o a otro funcionario de alto cargo de «sociedad civil» (公民社会 / 民间社会), ya que el concepto nunca ha logrado posicionarse en el discurso oficial. A pesar de que organizaciones oficiales puedan usar el término «sociedad civil» en comunicaciones internacionales, la posición del partido-Estado en este tema es clara: su visión es la de una sociedad civil guiada por el Estado.[3]

Antes de que en los años ’80 comenzaran a tomar fuerza en China las políticas de reforma y de apertura, eran las organizaciones de base y las organizaciones populares principales tales que la Federación Nacional de Sindicatos de China, en ambos casos bajo la guía del partido, quienes dominaban el terreno. En la actualidad siguen ocupando un rol preeminente, coordinadas a lo largo de todo el país y manteniendo en esencia el monopolio sobre varios ámbitos. El establecimiento de sindicatos de trabajo independientes o de organizaciones religiosas sigue estando fuera de alcance.[4] Sin embargo, el auge modernizador a principios de los años ’90 generó un sinfín de problemas sociales y una creciente demanda de servicios y autoorganización en aquellos espacios de los cuales el Estado se había retirado. La sociedad civil ha ido creciendo en China, aunque la composición de sus actores también ha variado. En la actualidad, ONG y fundaciones privadas tienen un rol cada vez más importante dentro del país y de cara al extranjero.

A fines de la primera década de este siglo y principios de la segunda, se pudo observar la rápida profesionalización del activismo, la proliferación de abogados de derechos humanos y cooperación con actores internacionales. Internet y las redes sociales brindaron una plataforma para el intercambio interregional y temático. Esto despertó la inquietud de que la sociedad civil pudiese emerger como una amenaza a la estabilidad del régimen. Tal y como señala el Documento N.º 9: «Durante los últimos años, la idea de sociedad civil ha sido adoptada por fuerzas occidentales contrarias a China […].»[5]

La mitad y finales de la década de 2010 estuvieron marcados por reiteradas operaciones represivas, dirigidas en especial contra las organizaciones de defensa de derechos. Diversas reformas legales e institucionales se abocaron a limitar la autoorganización y a volver a colocar bajo la guía del partido a un sector que se había desarrollado ampliamente fuera del control del PCCh. En la actualidad, el gobierno recurre a los servicios de actores sociales (政府购买社会服务) con el objetivo principal de movilizar y orientar a actores y recursos sociales para implementar la agenda del PCCh.

Es un cerco estrecho: las ONG no afiliadas al Estado deben ser supervisadas por una organización estatal; se controla la conformidad con la línea oficial del partido a través de sistemas de puntaje, y desde 2015 tiene lugar una continua campaña para establecer células partidarias en organizaciones sociales y asegurar que miembros del partido sean reclutados en estas últimas, vinculándolas estrechamente al partido-Estado e indicándoles las expectativas que se tiene de ellas[6]. Este proceso se ha visto acompañado de una estricta regulación de actores internacionales.

La ley de ONG extranjeras, en efecto desde enero de 2017, colocó a las ONG extranjeras bajo un sistema de supervisión doble efectuado por una unidad de supervisión estatal y la administración de seguridad pública.[7] La Ley Nacional de Seguridad de Hong Kong ha contribuido aún más a atenuar los intercambios y cooperación internacionales desde su entrada en vigor el 1º de julio de 2020, creando el muy ambiguo delito de «colusión» con actores extranjeros. En la ONU, China trabaja para limitar el rol de las ONG, en consonancia con su visión del Estado como exclusivo representante de los intereses sociales.[8]